El bien común global ante la escasez de recursos
Simposio CELAM-Misereor, Ciudad del Vaticano, 06/07.03.2009
Declaración.
Como parte de la reflexión sobre los procesos globales de justicia y solidaridad y dentro de una historia de buena cooperación por varios años, el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe) y MISEREOR de Alemania (Obra Episcopal para el Desarrollo) han llevado a cabo este simposio con Obispos y expertos acerca del “bien común global ante la escasez de recursos”.Es parte de un camino de varios eventos realizados, entre ellos el llevado a cabo también en Ciudad del Vaticano en 2007 como parte del itinerario hacia la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y de El Caribe en Aparecida, y se nutre de los trabajos realizados por el IPCC, el IAASTD y el IPSRM[1].
En el contexto actual del cambio climático, la crisis financiera internacional y la limitación de los bienes naturales, estimamos necesario tener un espacio de reflexión como organizaciones de Iglesia para hacer un aporte a la sociedad desde la fe. Nos preocupa la velocidad de los cambios y la lentitud de los procesos sociales frente a ellos. Se evidencian víctimas y amenazas para las personas que luchan por la dignidad de los hijos e hijas de Dios.
Hemos analizado diversas informaciones acerca del cambio climático, la crisis alimentaria, la situación del agua, el avance de la deforestación en la Amazonía, las tendencias hacia los agrocombustibles entre otros. Todos estos informes son de acceso público y de amplia divulgación.
El Documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el No. 26 nos dice: ”De esta interdependencia, cada día más estrecha, que se va extendiendo poco a poco a todo el mundo, se sigue que el bien común... hoy se hace cada vez más universal e implica, como consecuencia, una serie de derechos y deberes que afectan a todo el género humano. Toda asociación ha de tener siempre en debida cuenta las necesidades y legítimos deseos de otros grupos; mejor dicho, el interés por el bien común de toda la familia humana”.
En esta perspectiva nos pronunciamos dirigiéndonos a gobernantes, legisladores, académicos, lìderes sociales, empresariales, y al pueblo.
Una mirada al contexto
La limitación de los recursos naturales y su distribución afecta la justicia en sus diferentes dimensiones: las posibilidades y acceso a los recursos dentro de los países que poseen materias primas; el intercambio entre los países que comercian con las mismas; el futuro de las generaciones. A esto se añade que determinados bienes naturales tienen el carácter de bienes públicos. El uso de la biósfera, de la atmósfera y de las reservas de agua dulce es por lo general realizado de manera irracional. Se observa además en varios países la privatización de bienes públicos.
Es preciso afirmar con claridad que un acceso al agua al alcance de los pobres es un derecho humano, fuera de la lógica del mercado, lo que debería reflejarse en los sistemas de abastecimiento.
La crisis alimentaria “se caracteriza no tanto por la insufiuciencia de alimentos, sino por las dificultades para obtenerlos y por fenómenos especulativos y, por tanto, por la falta de un entramado de instituciones políticas y económicas capaces de afrontar las necesidades y emergencias” (SS. Beneducto XVI, 1ro. De enero 2009, Mensaje por la Jonada por la Paz).
La actual crisis del mercado financiero nos muestra que la autoregulación de los mercados es una ilusión que ha llevado a un “callejón sin salida” y que la visión cristiana de que la economía debe servir al ser humano y a su bienestar ha quedado relegada.
La crisis económica global ahora afecta a países en vías de desarrollo más que a los países ricos. Los países latinoamericanos y otros están sufriendo la reducción de las exportaciones e ingresos, del aumento de la desocupación, de precios más bajos de las materias primas y del aumento de la deuda pública. Hay un movimiento para la reforma de la Arquitectura Financiera Global como por ejemplo la iniciativa del G-20, pero los países pobres no pueden participar.
En las deliberaciones sobre la reforma del orden económico global, los intereses de los paìses en vìas de desarrollo y de su población empobrecida no tienen prioridad.
Hasta ahora las políticas nacionales e internacionales no han podido dar respuestas adecuadas a estos grandes retos. Prácticamente no existen mecanismos globales con poder de control legitimadas democráticamente y con capacidad de negociar y prevalecer. Esta situación lleva a que los intereses particulares de grupos económicos y políticos compitan con los intereses de Estados nacionales. En este escenario las necesidades de los pobres y el bien común global se dejan de lado.
Los pobres son las mayores víctimas de la explotación ecológicamente desconsiderada de las materias primas, de la corrupción, del aprovechamiento abusivo de la atmósfera y del agua disponible, de las escandalosas consecuencias resultantes de mercados financieros colapsantes y de la escasez creciente de bienes.
Hemos entrado en una nueva época, lo que exige a la Iglesia y a la sociedad un nuevo paradigma cultural como base de un modo de vida en la línea de reconocer lo finito de los bienes naturales.
El bien común global.
El bien común no es la simple suma de los bienes particulares de cada persona o grupo social. La visión holística de la Iglesia sobre el bien común se fundamenta en la dignidad de la persona humana que, creada a imagen y semejanza de Dios (Gen 1, 26-27) es simultánea e indisolublemente persona y sociedad. Consiste en el “conjunto de aquellas condiciones sociales que permiten y favorecen a los seres humanos, a las familias y asociaciones el logro más pleno y más rápido de su perfección” (GS 74). Por este motivo, constituye el sentido y la razón de ser más profunda de la comunidad política, de las instituciones sociales y, en modo particular, de la autoridad civil.
Es el fin y el criterio de toda acción social y política, en todos los niveles: local, nacional e internacional.
En nuestro tiempo, la interdependencia creciente entre los pueblos obra de tal manera que impide que cada nación y su respectivo gobierno, pueda por sí solo procurar el bien común de sus habitantes.
Hemos de tomar conciencia que el cambio climático, la crisis de energía, la crisis financiera, la escasez de alimentos, la disminución de los recursos naturales, etc son desafíos tan globales que han de ser asumidos por todos y, de modo especial, por aquéllos paìses cuya responsabilidad es mayor en la generación de las causas que amenazan la vida humana y la integridad de la creación.
El bien común a custodiar no es ya aisladamente el bien de cada pueblo. Sus dimensiones, cada vez más universales, nos permiten hablar del bien común global. El planeta es la casa de la familia humana y de toda la creación, que hemos de cuidar responsable y solidariamente entre todos.
Conlleva el bienestar de las personas, especialmente las más vulnerables, considerando que estamos en un contexto de pobreza, desigualdad, exclusión social y que la creación está en riesgo.
El momento de actuar es ahora o será demasiado tarde para todos. Urgen respuestas inmediatas, y no seguir la práctica de adoptar medidas aisladas y desarticuladas que sólo apuntan a mantener o restaurar el sistema actual.
Es evidente que con un modelo de desarrollo concebido únicamente como crecimiento económico no será posible alcanzar la justicia en el mundo. No se debe seguir el ejemplo de las sociedades centradas en el consumo egoísta e irresponsable. Los recursos del mundo sencillamante no serán suficientes. La crisis nos llama a buscar nuevos patrones de desarrollo para el planeta tanto para el norte como para el sur.
Es necesario valorar el crecimiento económico desde la ética del desarrollo. Es la economía para el ser humano y no al revés, como dice Paulo VI en Populorum Progressio No. 20.
Todo esto evidencia la necesidad de un nuevo consenso social global para una nueva convivencia humana en y con el planeta, a una co-responsabilidad norte-sur de cara a la distribución equitativa de los bienes en todo el mundo, considerando las actuales y futuras generaciones. Hoy el bien común tiene una dimensión cada vez más universal, implica derechos y deberes. En este contexto debemos aplicar el principio del destino universal de los bienes.
La Iglesia es interpelada por las dramáticas tendencias de la realidad. Desde la Doctrina Social de Ia Iglesia podemos formular exigencias éticas que deben ser observadas al buscar soluciones, promover una teología de la creación y una teología de la responsabilidad. Es la hora de una nueva actitud de la Iglesia dentro de su propia Misión , convocada a la tarea de buscar caminos para un nuevo orden global, en colaboración con otros grupos y organizaciones. Los pobres y excluidos han de ser también sujetos y actores de un nuevo orden político, económico, social, ecológico. En el ejercicio de la solidaridad y subsidiariedad con auténtica voz profética, se impone un cambio en los estilos de vida y modos de producciòn.
El comportamiento de la minería o de cualquier industria extractiva que se mueva sólo por el lucro, jamás se ocupará de estos aspectos.
Dado que los gobiernos son responsables de garantizar el bien común de las personas, se requiere su compromiso frente a las necesidades de una verdadera regulación de los mercados y políticas públicas centradas en el bien común global. Los Estados juntos deben procurar normas que protejan la biodiversidad, el agua, el aire, la tierra, el ambiente, los bosques, los glaciares.
A partir de la opción preferencial por los pobres, la Iglesia está llamada a enfrentar estos desafíos y analizar los déficit de justicia, orientación y cooperación que se observan en todas partes. En última instancia se trata de que ella tome posición desde una perspectiva social y ética de la economía respecto a su definición, contenido de valores y configuración institucional.
Desafíos éticos y líneas de acción
En cuanto a las personas, promover actitudes que alejen del consumismo y derroche de recursos naturales hacia actitudes solidarias en el uso responsable de los bienes, dentro de un comportamiento ético que valore más el ser que el tener y que supere el mero afán de lucro o beneficio individual.
A nivel de los Estados nacionales, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos naturales; promover políticas públicas que favorezcan el cuidado de los bienes y la agricultura multifuncional, entendiendo por ella no solamente el trabajo de la tierra sino todas las dimensiones que implica tales como los aspectos culturales, sociales, ecológicos y económicos. Esto implica políticas públicas que abarquen la integralidad de la vida rural.
Es necesario favorecer los mercados locales y regionales dentro del intercambio con equidad, cuidando la seguridad y soberanía alimentaria. Se debe impulsar el papel regulador de los gobiernos frente a las industrias extractivas nacionales y trasnacionales para procurar estudios serios de impacto ambiental, consulta previa a las poblaciones afectadas, en perspectiva al desarrollo humano integral. Es imperativo el cuidado del agua, del aire, los bosques, los glaciares y la protección de la biodiversidad.
Se requiere garantizar la plena vigencia de los derechos humanos tanto los que tienen que ver con el cuidado y sostenimiento de la vida (al agua, a la alimentación, a la vivienda) como los que tienen que ver con su aporte y participación en la sociedad civil (los derechos civiles y políticos). Es necesario fomentar el criterio de uso eficiente, eficaz, equitativo, sostenible y suficiente de los recursos naturales, especialmente en el consumo, valorando con justicia e incentivando los servicios ambientales y socio culturales de campesinos, indígenas, afrodescendientes, ribereños y diversas poblaciones.
Es necesario Integrar en el sistema educativo el nuevo paradigma cultural que reconoce lo finito de los recursos naturales. En esta línea es muy importante el papel de los medios de comunicación social que deben ser aliados en generar conciencia de la necesidad del cuidado del planeta.
Las políticas públicas no se deben limitar a un enfoque meramente compensatorio asistencialista sino llegar a cambios estructurales para combatir las causas de la pobreza. Se requieren incentivos fiscales capaces de promover un desarrollo limpio, equitativo y sostenible.
En el Orden Global es necesario promover un acuerdo internacional de reducción de emisiones a no menos del 50% hasta el año 2050. Es imperioso incluir los costos ambientales en los procesos económicos y el reconocimiento de los servicios ambientales que por años América Latina y El Caribe, junto con otras regiones, vienen brindando al mundo.
Es necesario establecer un sistema transparente, equitativo e incluyente de transacciones económicas dirigidas a reducir las emisiones, apoyar a las poblaciones empobrecidas a adaptarse a los efectos del cambio climático en condiciones dignas.
Se debe definir una ética en las relaciones de comercio internacional, lo que implica la reforma fundamental de organizaciones multilaterales del comercio (OMC), de las finanzas (IFIs) y la justicia tributaria.
Hay que buscar que los delitos ecológicos sean punibles de sanción penal en los tribunales de derechos humanos. No debe haber impunidad para quienes provocan depredación, contaminaciòn irreversible y muerte de comunidades humanas.
Es necesario tener en cuenta las propuestas resultantes de los análisis de organizaciones internacionales expertas tales como IPCC, IAASTD, IPSRM.
En el actual contexto y de cara a las próximas décadas es necesario establecer nuevos mecanismos de reducción de la deuda externa de los países empobrecidos.
La construcción de la paz mundial requiere sistemas preventivos y de resolución de conflictos. Se requieren incentivos para la reducción de la deforestación, la transformación del esquema de energía, aumentando la eficiencia energética de energías limpias tales como la eólica y solar.
En esta línea nos desafía Aparecida para una renovada pastoral social, “Asumiendo con nueva fuerza esta opción por los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación sin el cual no es posible un orden justo en la sociedad” (DA 399, DI 3).
Cardenal Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga, Presidente de Caritas Internationalis
Dom Raymundo Damasceno de Assis, Presidente de CELAM
Dom Geraldo Lyrio Rocha, Presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil (CNBB)
Dom Luiz Vieira, Vice- Presidente de la CNBB
Dom Dimas Lima Barbosa, Secretario General de la CNBB
Dom Ricardo Josef Weberberger, Comisión de Agua y Medio Ambiente CNBB
Mons. Jorge Eduardo Lozano, Responsable de la Sección de Pastoral Social del CELAM
Mons. Álvaro Ramazzini, Obispo de San Marcos, Guatemala
Mons. Norbert Strotmann, Obispo de Chosica, Perú
Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas, México
Mons. Fernando Bargalló, Presidente de Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas (SELACC)
Mons. Matthias König, Miembro de la Comisión Episcopal para Misereor, Alemania
Mons. José Sayer, Director Ejecutivo de Misereor, Alemania
P. Sidney Fones, Secretario General Adjunto del CELAM
P. Enrique Quiroga, Secretario Ejecutivo del Departamento Justicia y Solidaridad de CELAM
[1]IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IAASTD International Assessment of Agricultural Knowledge Science and Technology for Development
IPSRM International Panel for Sustainable Resource Management
Etiquetas: BIENCOMUN, CELAM, JUSTICIA, SOLIDARIDAD
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