EL ANHELO DE LA PAZ, LA VIDA DIGNA
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO
“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia” (Mt 5,6)
Mensaje de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social,
en la conmemoración del 60º aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
INTRODUCCIÓN
1. «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres y mujeres que gozan de su amor.» (Cf. Lc 2,14). Con estas palabras que evocan el canto de los ángeles en la noche de la Navidad, saludamos a las y los fieles católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que viven en México.
2. Llegamos al término de un año civil, en el que sin duda hemos recibido innumerables muestras del cuidado amoroso que Dios tiene por nosotros. Ha sido también un año en el que distintos acontecimientos, mundiales y nacionales, particularmente los relacionados a la crisis económica y financiera, la carestía de los alimentos, la crisis de seguridad pública y la violencia incontrolada nos han hecho tomar conciencia de algunos efectos negativos de la globalización y de sus consecuencias para la vida digna de los hombres y mujeres de nuestro país.
3. Celebramos además el Adviento, que nos prepara a la Navidad y nos invita a renovar nuestra esperanza en Cristo, pues «Él es nuestra paz» (Ef 2,14). La contemplación del misterio del Verbo Encarnado nos hace crecer en la conciencia de la dignidad humana y reafirmar nuestro compromiso por promoverla y defenderla. Tanto más que en este marco se celebra, en todo el continente, a la Virgen Morena, Nuestra Señora de Guadalupe, defensora y promotora de la dignidad humana de todas y todos los mexicanos, y particularmente de la dignidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas.
4. En el contexto de este fin año celebramos, el día 10 de diciembre, el 60º de la adopción y proclamación, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, considerada como «una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad" y "...una de las más altas expresiones de la conciencia humana»[1]. Se celebra también, el 9 de diciembre, el décimo aniversario de la Declaración sobre el Derecho y la Obligación de las Personas, los Grupos y las Instituciones de Promover y Defender los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.
5. Reconociendo estos motivos, los Obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social queremos una vez más compartir con sencillez nuestra reflexión de fe, alentando la esperanza y estimulando el compromiso de las y los creyentes con la caridad y la justicia. Nos dirigimos también, animándoles, a todas las personas de buena voluntad que creen en la dignidad humana, particularmente a quienes promueven y defienden los derechos humanos en los organismos de la sociedad civil, en los organismos públicos y en las distintas instancias de gobierno. Compartimos con ellos la certeza de que en la plena tutela de los derechos humanos vemos acercarse el ideal de un modelo de vida y de orden social que asegure condiciones de vida digna para todos y todas y que nos anticipan «los cielos nuevos y la tierra nueva (cf. 2 Pe 3,13)» que aguardamos con firme esperanza.
6. Deseamos conmemorar el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconociendo que ella constituyó la primera afirmación mundial de la dignidad e igualdad inherente a todos los seres humanos, propiciando así que la humanidad confluya en un núcleo fundamental de valores y derechos que, al ser observados, encienden una luz «respecto a la aspiración de la gente de todos los lugares de la tierra a vivir en seguridad, justicia y esperanza ante el futuro.»[2]
I. FIJAMOS NUESTRA MIRADA EN LOS ROSTROS DE QUIENES SUFREN
7. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales motivadas por el deseo común de poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, leyes y actuaciones de la sociedad.[3] La vida de la comunidad muestra claramente cómo el respeto de los derechos y las garantías que se derivan de ellos constituyen un bien común que sirven para valorar la relación entre justicia e injusticia, abundancia y pobreza, seguridad y conflicto.[4] Sin embargo, a pesar de ser la expresión de un alto ideal, compartido por el concierto de las naciones, en el que se incluye la nuestra, los derechos humanos son todavía, a 60 años de su solemne proclamación, objeto de violaciones graves y continuas. La conmemoración de este aniversario de la Declaración Universal es una invitación a realizar un examen de conciencia que nos conduzca al reconocimiento de las tareas que tenemos pendientes en materia de derechos humanos, los cuales constituyen una «lógica moral que ilumina la existencia humana y hace posible el diálogo entre los hombres y entre los pueblos».[5]
Pobreza y desigualdad
8. La desigualdad es el desafío más importante que enfrenta el país. La pobreza sigue siendo el principal problema que vulnera a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Según datos oficiales, que miden la pobreza en relación con el ingreso, la mitad de la población de nuestro país vive en situación de pobreza. 44 millones de personas viven en pobreza en México, y de ellas, 24 millones la padecen en su forma extrema. La pobreza priva a las personas de las condiciones de vida que les aseguren su derecho a una alimentación adecuada y a la satisfacción de las necesidades básicas. Atender su situación se plantea como una urgencia moralmente inaplazable, pues hablamos de derechos sociales básicos sin los cuales no se garantiza el derecho a una vida humana.
9. Ante este panorama, la crisis alimentaria plantea el grave desafío de evitar que la producción de nuevas fuentes de energía –biocombustibles-, reduzca la disponibilidad de alimentos destinados al consumo humano, con el consecuente encarecimiento de su precio y el aumento del número de personas que padecen hambre. En este contexto, la actual crisis financiera global, que previsiblemente tendrá efectos negativos sobre el empleo y la inflación, nos hace suponer que la situación de las personas más empobrecidas se agravará y que será más difícil para las familias pobres o de clase media, sostener su nivel de vida.
10. La mitad de la población de nuestra patria no tiene servicios de seguridad social. Pese a los esfuerzos federales por ampliar la cobertura de salud gracias al llamado Seguro Popular, en algunos estados de la República el porcentaje de población sin acceso a este derecho rebasa la media nacional. Si además consideramos la pobre calidad de los servicios de salud, la falta de actualización tecnológica, la carencia de insumos y de presupuesto suficiente, es claro que el ejercicio de este derecho básico dista mucho de ser efectivo y de alcance universal.
11. El grado de desigualdad social que hay en nuestra patria es escandaloso. Es un tema sobre el que muchos no gustan que hablemos. Sin embargo, ¿cómo explicar que México sea considerado en el mundo como un país con economía emergente, mientras millones de mexicanos viven en una grave situación de pobreza? La única explicación posible es la desigual concentración de la riqueza y su injusta distribución. Constatar que las mismas condiciones que acentúan la pobreza acarrean un acelerado progreso de degradación social también es escandaloso, pues los pobres no sólo se ven privados de sus derechos básicos, sino que se ven orillados a sobrevivir en los márgenes de la sociedad.
12. El panorama no es muy alentador si consideramos la situación del empleo. Es un hecho indiscutible la insuficiente generación de empleo formal. La mayor proporción de creación de empleos se da en el área de trabajos eventuales, o de empleos que no reúnen el mínimo de requisitos para ser considerados legales, como es el trabajo estacional ofrecido a los jornaleros agrícolas. Las fuentes legales de generación de ingresos no han crecido; más aún, se ven amenazadas en la situación actual por falta de créditos y por la recesión económica. Un buen número de empleos se generan en el sector informal, como mera estrategia de sobrevivencia, y no de concreción de un proyecto de vida.
13. Las consecuencias la vemos claramente en el fenómeno migratorio, tanto en el interior de la República como hacia al extranjero, particularmente a los Estados Unidos. La migración implica una condición de alta vulnerabilidad, pues las y los migrantes se ven expuestos a abusos como la corrupción, la agresión física, la intimidación, las amenazas, el abuso sexual, la destrucción de documentos y la detención arbitraria, la falta de información respecto de sus derechos, cuando no de ser víctimas de grupos de delincuencia organizada dedicados al tráfico de migrantes o a la trata de personas.
14. No podemos quedar callados ante el número elevado de personas que han muerto en su intento por cruzar la frontera, menos aún si consideramos que el numero de victimas es mayor que el de otras tragedias que han contado con la indignación nacional. Y tampoco podemos permanecer indiferentes ante las constantes agresiones, humillaciones, expoliación y explotación a que son sometidas a su paso por nuestro país las personas que cruzan desde Centroamérica o desde los estados del sur hacia el Norte.
15. Por lo que se refiere a la educación, a pesar de los esfuerzos del sector por lograr una cobertura nacional, todavía encontramos preocupantes tasas de analfabetismo en distintas regiones del país, en particular las habitadas por población indígena. El promedio de años de estudio no supera el nivel de educación media básica, y quienes tienen acceso a la educación superior son minoría. Si bien se han firmado compromisos para elevar la calidad educativa, cuestión urgente dadas las deficiencias detectadas con sistemas de evaluación, preocupa el encrespamiento del ambiente magisterial debido a conflictos continuos y permanentes, las más de las veces, para defender privilegios insostenibles que vulneran en sus derechos, particularmente, a un sector muy frágil de nuestras comunidades: a los niños, adolescentes y jóvenes, y alteran la paz social.
16. Como consecuencia de todo esto, lamentablemente nuestro país se encuentra aún distante del cumplimiento de los Objetivos del Milenio, a los que se comprometió, junto con los demás Estados del mundo, en el seno de la Asamblea General de la ONU. A siete años de que se cumpla el plazo fijado para la consecución de las metas, existen situaciones que hacen deseable y necesario un cambio de rumbo en las opciones y estrategias gubernamentales.
Violencia e Inseguridad
17. Lamentables acontecimientos, ocurridos en los últimos meses, a lo largo y ancho de nuestro país, han hecho evidente la grave crisis de seguridad en que vivimos las y los mexicanos. El elevado numero de secuestros que incluye a migrantes centroamericanos y a personas que gozan de alta visibilidad social; las ejecuciones vinculadas al crimen organizado, cuya cifra es cada vez mayor, las historias siniestras sobre extorsión por parte de grupos delictivos en regiones diversas del país; la exhibición macabra de cuerpos cercenados y mutilados en distintas ciudades; la documentada corrupción de algunas autoridades policiales, así como los ataques a personas inocentes por parte de la delincuencia organizada en Morelia, son hechos que nos hacen tomar conciencia de que algo está mal y no funciona en nuestra convivencia social y que es necesario exigir y adoptar medidas realmente eficientes para revertir dicha situación.
18. La vida digna de nuestros pueblos requiere de condiciones de seguridad que les garanticen las posibilidades de convivencia pacífica y desarrollo integral. El clima de inseguridad, la sensación de vulnerabilidad y riesgo, confinan a las personas a la lucha por la sobrevivencia, y cuando esto sucede se eclipsa el sentido de responsabilidad por el bien de los demás, se fracturan las actitudes solidarias que permiten recomponer o fortalecer la cohesión social, se acentúan los individualismos, y se da paso a actitudes egoístas que colocan al margen del interés colectivo las necesidades de las personas más pobres y desamparadas.
19. La crisis de seguridad que vivimos ha sido relacionada con la seguridad pública, que es, en efecto, una de sus principales vertientes; sin embargo, no podemos dejar de considerar la crisis de la seguridad social. Ambas dibujan un panorama desfavorable frente a la exigencia de que los hombres y mujeres de nuestra patria puedan vivir conforme a sus derechos y deberes elementales.
20. El cáncer de la corrupción que corroe personas e instituciones es alarmante. Vemos con perplejidad la influencia del crimen organizado que parece haberlo penetrado todo, acrecentando el clima de inseguridad que se vive en nuestro país. La infiltración de estos grupos, vinculados con negocios ilícitos como son el robo, el secuestro, la trata de personas y el narcotráfico, en los sectores de gobierno y de la sociedad, es alarmante. En casi en todas las entidades federativas de nuestro país se encuentra este tipo de manejo criminal y ahora nos encontramos que ha permeado a actores del poder judicial, de la procuración de justicia, de los cuerpos policiacos y de la vida política.
21. La cifra de víctimas generadas por acciones violentas que generan estos grupos de crimen organizado han sobrepasado las víctimas de países en guerra, o la mortandad ocasionada por epidemias como la del sida, y convierten a nuestra patria en un lugar donde anida la desesperanza y la incertidumbre, porque no sólo se perciben insuficientes las medidas empleadas para combatir la violencia y la inseguridad, sino que los datos estadísticos nos comunican que éstas van en aumento. No obstante, es necesario reconocer y apoyar el decidido compromiso del gobierno federal, de los gobiernos locales y el creciente interés de la sociedad civil por restituir el Estado de derecho en territorios que vivían sometidos a las mafias, que imponían, y aún imponen, cuotas parasitarias a la vida productiva.
22. Muchas medidas gubernamentales, como el incremento de las penas, no han logrado los resultados esperados. En los últimos 10 años, más de un millón de mexicanas y mexicanos han vivido la experiencia carcelaria y, en lugar de lograr su cometido de ser instituciones para el cumplimiento de las penas y espacios de resocialización, los penales se han convertido en lugares de reclutamiento de los grupos criminales y en generadores de rencor social. La violencia, el hacinamiento y la falta de un mínimo de derechos que se vive en las cárceles sin que se vean signos de una reforma integral al sistema penitenciario bajo parámetros de derechos humanos, es sumamente preocupante; también lo son las actuaciones y la estructura misma del sistema de procuración de justicia en México que, en muchas ocasiones, no garantizan el respeto de los derechos humanos, particularmente los de los pobres, ni el de las víctimas de los delitos.
23. Además de tener que ver con las estructuras políticas, la violencia tiene también que ver con las personas y las instituciones sociales. La violencia es un hecho en nuestras relaciones de convivencia ordinaria. Está presente en las escuelas, en donde no es raro que los niños, adolescentes y jóvenes “más fuertes” agredan, lesionando incluso la integridad física, a sus compañeros “más débiles”. Oímos con estupor, cómo está presente en las relaciones de noviazgo, no sólo como violencia física, sino también verbal y psicológica.
24. ¿Y qué decir de la violencia en el seno de las familias? Es un estigma que nos duele reconocer; sin embargo, ¿cómo no tomarlo en cuenta, cuando la violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas, como son las relaciones conyugales, parentales, filiales y fraternas? Junto a esta lamentable situación, no podemos soslayar la violencia que se ejerce contra las mujeres adultas, jóvenes y niñas, simplemente por su condición de mujeres.
25. Si de la familia pasamos a la sociedad, encontramos un amplio espectro de situaciones de violencia, como la que se da en las relaciones laborales, en el ambiente deportivo, o la que ocurre por la intolerancia y el odio hacia grupos sociales, en razón de sus opciones y estilo de vida, e incluso la que se ejerce so pretexto de defender los propios derechos o las convicciones políticas. Todavía se dan casos de intolerancia religiosa, contrarios al derecho a practicar la propia religión en plena libertad.
Política y ciudadanía
26. El panorama político general del país está marcado por la fragmentación y la polarización de nuestra sociedad. No podemos desconocer que el clima político se ha enrarecido particularmente a partir de las últimas elecciones federales. Se respira desconfianza ante las instituciones electorales y esto afecta gravemente las condiciones de seguridad para el ejercicio de los derechos políticos.
27. Reconocemos que ha habido avances en leyes de transparencia y rendición de cuentas, que abren la puerta a los ciudadanos para el escrutinio y evaluación de sus gobernantes; sin embargo, son muy pocos los ciudadanos que hacen uso de ese derecho tanto por desconocimiento como por los obstáculos que encuentran para hacerlo, al enfrentarse a tecnicismos legales y administrativos que les impiden ejercer el derecho a la información y vigilar el cumplimiento a cabalidad del compromiso de sus autoridades.
28. También ha habido avance en las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia, por las que se reconocen derechos fundamentales que son la base para la construcción de un Estado más humano. Pero no dejamos de manifestar nuestra preocupación por la posibilidad legal de confundir actos de protesta social pacífica con actos de terrorismo.
29. Sobre la libertad religiosa, después de las reformas realizadas a la Constitución en 1992, afirmamos que aunque se dio un avance cualitativo, “todavía falta mucho camino por recorrer”[6]. Podemos afirmar que sólo existe una libertad de culto y de creencia, pero sigue la marginación de la fe a la esfera privada, alejándola de la vida pública y social.
30. El respeto, garantía, protección, y promoción de los derechos humanos, constituyen la primera obligación de todo Estado democrático de derecho. De todos los derechos de todas y todos los ciudadanos y de quienes habitan en el territorio. En este sentido, la violación de los derechos humanos consiste en la negación, restricción, afectación o condicionamiento al ejercicio de estos, por parte de los funcionarios, servidores públicos o autoridades en perjuicio de las personas o colectivos.
31. Aunque de forma mas amplia pueden considerarse también violaciones a los derechos humanos los que llevan a cabo agentes particulares, individuales o colectivos que los violan o vulneran, ya sea por el interés económico que defienden, o por la anuencia y complicidad de las autoridades que los protegen o toleran. Un ejemplo de esto es el caso de las empresas nacionales o trasnacionales, que con el permiso o silencio cómplice de las autoridades contaminan el ambiente o violan derechos laborales sin que se establezcan o apliquen mecanismos eficaces de verificación o sanción.
32. Justo cuando la situación de nuestra patria, en el contexto de un mundo desigualmente globalizado, pide de nosotros solidaridad y subsidiaridad, el clima de inseguridad pública y social, y las distintas formas de violencia presentes en los distintos ámbitos de nuestras relaciones humanas, nos debilitan afectando la cohesión de la sociedad y lesionando los derechos humanos de las personas. Pareciera que el sentido básico de respeto a los demás y de conciencia de la dignidad de los seres humanos, propia y ajena, se hubiera eclipsado en nuestra sociedad.
La promoción y defensa de los Derechos Humanos en México
33. No obstante el significado histórico de la Declaración Universal y del horizonte de esperanza que significó en su momento, llama la atención que las disposiciones en ella contenidas y asumidas como ideal común, se vean claramente violadas por la opresión, la discriminación, los abusos, la explotación, los conflictos, la corrupción, la violencia, e incluso, mediante el intento de reinterpretar, a veces distorsionar deliberadamente su sentido y las mismas definiciones contenidas en ella.[7]
34. En relación a la promoción y defensa de los derechos humanos, reconocemos y valoramos las importantes transformaciones que en los últimos años se han operado en nuestra patria.
a) Por lo que se refiere a la cooperación internacional, reconocemos y valoramos el gran paso dado por nuestro país en el cambio de política exterior, al aceptar los instrumentos de escrutinio internacional y la disposición de cooperar con otros países y organizaciones internacionales.
b) Por lo que se refiere a su tutela jurídica, en nuestra patria, los derechos humanos forman parte de las “garantías individuales” y de las normas protectoras de la persona humana contenidas en los tratados internacionales suscritos por México.
c) Por lo que se refiere a los organismos públicos, se han fortalecido instituciones públicas, tanto a nivel nacional como en los Estados, que con personalidad jurídica y patrimonio propio promueven y defienden, de manera autónoma, los derechos humanos en nuestra patria.
d) Por lo que se refiere a las políticas públicas, se tiene el Programa Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de políticas públicas y favorecer la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de nuestro país en la materia.
e) Por lo que se refiere a la formación y capacitación, hay muestras de interés por la capacitación especializada en derechos humanos de las fuerzas armadas y de seguridad pública.
35. En México los organismos de la sociedad civil han tenido una tarea relevante en la promoción y protección de los derechos humanos. El servicio que han prestado a la nación ha sido decisivo para conseguir una mayor incidencia en la toma de decisiones y para dar paso a la institucionalización de sus demandas, mediante la creación de un sistema nacional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Reconocemos que algunas de estas organizaciones tienen su origen en grupos eclesiales que se inspiran en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia.
36. Sin embargo, en algunas ocasiones, tanto en el ámbito social como eclesial, quienes han dedicado su vida a defender y promover los derechos humanos han sufrido injustas agresiones, acusaciones e incomprensiones. Esto se debe en parte a la confusión que existe en muchas personas sobre lo que son los derechos humanos y la diferencia que hay entre defender y promover la dignidad humana y la de impedir que se haga justicia por la comisión de algún delito. No se defiende el crimen, sino la dignidad humana del delincuente. No se protege al malhechor contra la justicia que se le debe aplicar, sino contra las injusticias que se le puedan inferir, generando una cadena incontrolable de violencia y venganza.
37. Otra fuente de tensiones en la tarea de promover y defender los derechos humanos la tenemos en los llamados nuevos derechos. En la cambiante situación de una sociedad como la nuestra, inmersa en el proceso de globalización, aparecen nuevos contextos para la experiencia humana, con un ambivalente potencial de humanización o deshumanización. Estos nuevos contextos han ido planteando, por parte de distintos grupos de personas, la reivindicación de nuevos derechos, que al no ser comprendidos o aceptados por todos, han llevado a la confrontación.
38. En nuestro país, la Iglesia católica, a pesar de las limitaciones de algunos de sus miembros, ha dado testimonio de Cristo, ha anunciado su Evangelio y ha brindado su servicio de caridad particularmente a los más pobres, en el esfuerzo por promover su dignidad y también en muchas iniciativas de promoción humana en distintos campos. Junto con otras instituciones nacionales, ha ayudado a dar orientaciones prudentes y a promover la justicia, los derechos humanos y la reconciliación de los pueblos.[8]
II. CON LA LUZ DE LA PALABRA Y LA ORIENTACIÓN DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
39. Hasta aquí hemos considerado los grandes desafíos que tenemos que enfrentar quienes vivimos en este país, para vivir conforme a los derechos y deberes que son propios de nuestra dignidad humana. Si bien se han hecho grandes esfuerzos y hay logros y avances, queda un buen trecho por recorrer. En este apartado, queremos aprender de Jesús y de la sabiduría de la Iglesia en su Doctrina Social, no las respuestas inmediatas, sino las motivaciones, las actitudes y los criterios fundamentales que hemos de asumir como discípulos y misioneros de Jesucristo, para que en Él nuestros pueblos tengan vida.
«Sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor» (Mc 6,34)
40. El Señor Jesús, como nosotros, tuvo ante sí una multitud de hombres y mujeres en cuyos rostros se dibujaban distintas expresiones de la pobreza. Ante esta realidad, el Señor abre un horizonte de esperanza. Con palabras y con acciones proclama que la pobreza deshumanizadora no tiene la última palabra. La Buena Nueva del Reino pone lo bueno, lo que dignifica, lo que conduce a la vida plena, al alcance de todos (cf. Mc 1,14-15).
41. Ante el desamparo de las personas empobrecidas de su tiempo, el Señor enseña a sus discípulos a superar la primera tentación: desentenderse de ellas (cf. Mc 6,35-36). Él mismo se implica y no permanece inconmovible ante el sufrimiento ajeno; por el contrario «sintió compasión» (cf. Mc 6,34), es decir, sintió una ternura entrañable «y se puso a enseñarles muchas cosas» animándolos a tomar conciencia de cómo sería la vida si se viviera de acuerdo a los principios de Dios.
42. Y el primer principio divino es el de la dignidad humana. En efecto, en la primera página de la Escritura leemos: «Dios creó al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó» (Gn 1,27). Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. «No es solamente algo, sino alguien, capaz de conocerse, de poseerse, de entregarse libremente y de entrar en comunión con otras personas»[9]. Por tanto, la tarea que Dios ha confiado al ser humano es la de madurar en su capacidad de amar y de hacer progresar el mundo, renovándolo en la justicia y la paz.[10]
43. Además enseñó a sus discípulos a tener actitudes fraternas. Les hizo entender que pretender resolver los problemas de los demás de manera protagónica es algo imposible. Hacerlo compartiendo, además de eficaz, es pedagógico. Cuando se comparte no sólo alcanza, sino que hasta sobra (cf. Mc 6,38-43). Cuando se comparte lo que se tiene, todos pueden hacerlo, aunque lo que tengan sea muy poco.
44. De nuestra fe en Cristo brota la solidaridad, que es actitud permanente de encuentro, fraternidad y servicio. Esta virtud ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos. Así como en el acompañamiento permanente en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su situación.[11]
45. Como discípulos de Jesús aprendemos del Maestro a ir no sólo a quienes nos buscan, sino a quienes más nos necesitan (cf. Mc 1,29-39), a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona humana. Con su vida y su Palabra, Él defiende los derechos de los débiles y la vida digna de todo ser humano.[12] En Cristo encontramos las razones supremas para hacernos firmes defensores de la dignidad humana y audaces constructores de la justicia y de la paz.[13]
46. El signo distintivo de nuestra condición de discípulos es el mismo que nos dejó el Señor: el amor (cf. Jn 13,35). Vivir el compromiso del amor por los pobres, por los débiles y por los que sufren, requiere renunciar a la sed de poder y a la ambición de tener y ponernos a favor de la vida plena de la gente. Para ello necesitamos ser sensibles a las necesidades de los demás. No se trata de un sentimiento sino de una actitud que provoca confianza en el Señor. Con pequeños gestos, Jesús nos enseña la secuencia de un proceso de encuentro con una persona necesitada: acercarse, tomarla de la mano, levantarla. El efecto es impresionante, quien percibe la cercanía, la ayuda y la solidaridad, se abre con naturalidad al servicio de la comunidad (cf. Mc 1,29-31).
«Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian» (Lc 6. 27)
47. El amor de los discípulos de Jesús debe alcanzar a todos, incluso a los enemigos (cf. Lc 6,27). El seguidor de Jesús debe amar a ejemplo de Dios que ama gratuitamente y sin interés; este amor supera los cálculos egoístas y la mera reciprocidad. La capacidad de amar al estilo de Dios ofrece a las personas las posibilidades efectivas de encontrar soluciones alternativas a las dificultades: frente al odio, el amor; ante el egoísmo, la entrega de la vida; contra la marginación, la inclusión.
48. El amor al enemigo no implica para el discípulo un cobarde sometimiento a quien ejerce violencia, sino por el contrario, la capacidad de ponerse por encima de su propio resentimiento para ver al agresor con una mirada distinta, como persona capaz de convertirse al recibir, frente a su agresión, una respuesta de amor, en lugar de una respuesta violenta. El perdón cristiano en ningún caso significa aceptar o estar de acuerdo con la actitud equivocada del agresor, significa sofocar el deseo de la venganza para no abrir el espiral de la violencia y no permitir que el odio anide en el propio corazón.
49. Jesús es el enviado del Padre para la reconciliación de la humanidad. Jesús envía a sus discípulos para continuar esta misión (cf. Jn 20, 19-31). No es una tarea que se pueda cumplir individualmente; el Evangelio insiste en el carácter comunitario y corresponsable de esta tarea.
«El buen pastor da la vida por sus ovejas» (Jn 10,11)
50. De la enseñanza de Jesús aprendemos además la importancia que tiene en la comunidad humana el servicio de la autoridad. Para que en una sociedad sea posible la convivencia armoniosa, es necesario que haya buenos pastores y buenas ovejas (cf. Jn 10,1-18). Los pastores son símbolo de los dirigentes de la comunidad; las ovejas son símbolo del pueblo. Entre ambos debe existir una relación de recíproca pertenencia que permita a los pastores conocer a sus ovejas y procurarles lo que necesitan para la vida, y a las ovejas reconocer a sus pastores escuchando su voz.
51. El discípulo de Jesús debe tener la sabiduría de conservar su libertad frente a quienes tienen autoridad, para evitar caer en su endiosamiento. La razón es muy sencilla: ningún poder humano puede adueñarse de la dignidad de las personas. El seguidor de Jesús, recibe poder sobre las fuerzas que deshumanizan a las personas (cf. Mc 6,7) y que son vencibles con la fuerza de Dios, la fuerza del amor. Por ello, quien sigue a Jesús, si quiere ser importante no debe ponerse por encima de los demás (cf. Mc 9, 33-37), ni imitar a los que dominan como señores absolutos y oprimen con su poder (cf. Mc 10, 42ss). No se trata sólo de estar en desacuerdo con quien se ha endiosado a sí mismo al ejercer el poder, sino evitar el endiosamiento de cualquier persona dentro de la comunidad que termina por humillar y pisotear la dignidad de sus semejantes.
52. En el juicio de Jesús ante Pilato y su crucifixión, los discípulos del Señor encuentran una enseñanza fundamental sobre su reinado. (Jn 18, 33b-37). Él mismo había rechazado que lo nombrarán rey (Jn 6,15); sin embargo ante Pilato lo reconoce y lo acepta: «sí, como dices, soy Rey» (Jn 18,37). Jesús reconoce ser rey en el momento más decisivo de su vida. La cruz, la entrega de la vida, es el único modo de reinar para Él. Cuando afirma «mi reino no es de este mundo» (Jn 18,36), Jesús contrapone su modo de reinar al de quienes se oponen a Dios y reinan contra la vida, la luz y la verdad. El reinado de Jesús se fundamenta en la entrega de la vida, en el amor hasta el extremo y sólo se ejerce a través del testimonio y nunca con formas de dominación de los demás.
La promoción humana en la misión de la Iglesia
53. La Iglesia, pueblo de Dios, está llamada en el mundo a ser «signo y salvaguarda de la trascendencia de la persona humana»[14]; por ello, al proclamar la buena noticia de la dignidad humana, no se arroga una tarea ajena a su misión, sino que por el contrario, obedece al mandato de Jesucristo.[15] Él nos ha revelado que «Dios es amor» (1 Jn 4,8) y que la vocación más grande de cada persona es el amor. En Cristo encontramos la motivación más profunda «para hacernos firmes defensores de la dignidad humana y audaces constructores de la paz.»[16]
54. El anhelo de la paz que todos compartimos expresa la convicción de que la paz, que es don y tarea, es necesaria para construir un mundo más humano para todos, hombres y mujeres, sobre la faz de la tierra.[17] La paz, no es ausencia de guerra, ni equilibrio de fuerzas contrapuestas, ni triunfo del más fuerte sobre el más débil; «la paz es obra de la justicia» (Is 32,17).[18] La paz es un don de Dios y estamos llamados a compartirlo con los demás; por eso el Evangelio llama bienaventurados a quienes trabajan por la paz, porque serán llamados «hijos de Dios» (Mt, 5,9). Construir la paz exige el respeto de la dignidad de todas las personas y de los pueblos y el esfuerzo de vivir la fraternidad; por ello, «la paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar.»[19]
55. La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen de la paz que Cristo da a sus discípulos como don de su Pascua (cf. Jn 29,19). Él, que ha reconciliado a la humanidad por medio de su cruz, nos invita a ponernos por encima de todo resentimiento y a dar muerte en nuestro interior al odio. Para ello ha infundido su Espíritu en nuestros corazones, de manera que, «viviendo con autenticidad el amor» (Ef 4,15), colaboremos con todas las personas que se empeñan en construir la paz. Movidos por el mismo Espíritu, los cristianos estamos llamados a renunciar a la violencia en la exigencia de nuestros derechos, y cuando sea necesario, a recurrir a los medios de defensa, que estén al alcance incluso de los más débiles, procurando siempre no lesionar los derechos y obligaciones de otros o de la sociedad.[20]
56. En la reflexión que hasta ahora hemos hecho en este apartado, descubrimos la profunda relación que hay entre el mandamiento de la caridad, el compromiso por la justicia y el anhelo de la paz. En virtud de nuestra fe en Dios-amor, los cristianos estamos llamados a orientar nuestro comportamiento con el criterio inderogable de la justicia. Para que esto no sea sólo una ilusión, es necesario clarificar la relación entre caridad y justicia.[21]
57. El orden justo de la sociedad y del Estado es tarea de la política. El aporte propio de la fe, como experiencia de encuentro con Dios-amor, es ampliar el horizonte de la razón, purificándola para que pueda ser reconocido lo que es justo aquí y ahora y puesto también en práctica. La Iglesia con su doctrina social contribuye a la formación de las conciencias y a que crezca tanto la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia como la disponibilidad de actuar conforme a ella. Por ello, la Iglesia tiene el deber de ofrecer mediante la purificación de la razón y la formación ética su contribución específica, para que las exigencias de la justicia sean comprensibles y políticamente realizables.
58. No toca a la Iglesia emprender por cuenta propia la tarea política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Sin embargo, tampoco puede quedarse al margen de la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no es obra de la Iglesia sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien.
59. Es necesario satisfacer las exigencias de la justicia «de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia»[22]. No hay que olvidar que se requiere que las obras de misericordia estén acompañadas por la búsqueda de una verdadera justicia social[23] y que la raíz de la justicia está en el amor, cuya expresión más significativa es la misericordia. Separada del amor misericordioso, la justicia se hace fría e hiriente.[24]
60. La justicia es una virtud dinámica y viva: defiende y promueve la inestimable dignidad de las personas y se ocupa del bien común, tutelando las relaciones entre las personas y los pueblos. La justicia, al mismo tiempo virtud moral y concepto legal, debe ser vigilante para asegurar el equilibrio entre los derechos y deberes, así como promover la distribución equitativa de los costos y beneficios. La justicia restaura, no destruye; reconcilia en vez de instigar a la venganza. [25] El compromiso por promover la dignidad y los derechos de las personas, implica para la Iglesia la exigencia que tiene ella misma de respetar en su vida interna las exigencias de la justicia.[26]
Los derechos humanos en la Doctrina Social de la Iglesia
61. Entre evangelización y promoción humana hay vínculos muy estrechos de orden antropológico, teológico y evangélico[27]; por ello, la Iglesia se ocupa de los derechos humanos como parte de su misión. Cuenta para ello con una Doctrina Social, instrumento de evangelización, que anuncia a Dios y su misterio de salvación en Cristo a todo hombre; y, por la misma razón, revela al hombre a sí mismo. Este corpus doctrinal se ocupa de los derechos humanos en muchos de sus documentos; sin embargo, es en la encíclica Pacem in terris, del recordado Papa, el Beato Juan XXIII, en donde encontramos una vasta enseñanza acerca de los mismos.
62. «Los derechos humanos son universales, inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto.»[28] Universales, porque están presentes en todos los seres humanos, sin excepción alguna de tiempo, de lugar o de sujeto. Inviolables, en cuanto inherentes a la persona humana y a su dignidad y porque sería vano proclamar los derechos, si al mismo tiempo no se realizase todo esfuerzo para que sea debidamente asegurado su respeto por parte de todos, en todas partes y con referencia a quien sea.[29]
63. Los derechos humanos se fundan en la naturaleza misma del ser humano y en su dignidad inalienable de persona creada por Dios.[30] A partir de la Declaración Universal que conmemoramos, son reconocidos cada vez más como el lenguaje común y el sustrato ético de las relaciones humanas, sociales, políticas e internacionales y constituyen una forma de compromiso moral básico asumido por la humanidad entera.[31]
64. Los derechos humanos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y están presentes en las diferentes culturas y civilizaciones. Por eso, a pesar de los distintos lenguajes que hablan los hombres y las mujeres según su tradición, su origen o su cultura, los derechos y deberes humanos constituyen una gramática trascendente, es decir, un conjunto de reglas de actuación individual y de relación entre las personas en justicia y solidaridad, que está inscrita en las conciencias, en las que se refleja el sabio proyecto de Dios.[32]
65. Asumir el horizonte ético trazado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos propiciará, en medio de las situaciones adversas y contradictorias que vive nuestra patria, el encuentro y el diálogo, la reconciliación y una verdadera paz, pues tenemos que reconocer, más allá de nuestras diferencias, de nuestros conflictos y de la violencia que nos rodea, que «no vivimos en un mundo irracional o sin sentido (...), hay una lógica moral que ilumina la existencia humana y hace posible el diálogo entre los hombres y los pueblos.»[33]
El fundamento antropológico, clave para la interpretación de los Derechos Humanos
66. La fecundidad de la Declaración Universal estriba en que sea observada íntegramente, en el espíritu y en la letra.[34] La recta comprensión e interpretación del significado y alcance de los derechos y deberes humanos radica en su fundamento antropológico. Centrar la comprensión de la persona humana sólo en algunas de sus dimensiones, con la intención de reivindicar derechos relativos sólo a esas dimensiones de la existencia humana, muchas veces tiene el efecto contrario, pues «una consideración “débil” de la persona, impide el diálogo auténtico y abre las puertas a la intervención de imposiciones autoritarias, terminando por dejar indefensa a la persona misma y en consecuencia, presa fácil de la opresión y la violencia.»[35]
67. Una concepción relativista de la persona es insuficiente cuando se trata de justificar y defender sus derechos, ya que entraña una profunda contradicción, pues por un lado los derechos individuales se proponen como absolutos, y su fundamento, que es la comprensión del ser humano, se propone como algo relativo. Sólo si están arraigados en bases objetivas de la naturaleza que el Creador ha dado al hombre, los derechos que se le han atribuido pueden ser afirmados sin temor a ser desmentidos. [36]
68. La comprensión integral del ser humano tiene un aspecto importante que muchas veces permanece oculto cuando se habla de derechos humanos: Los derechos implican también deberes humanos que brotan de la dignidad de la persona humana, pues ésta «tiene por sí misma derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza.»[37] En efecto, la persona humana, creada por Dios a su imagen y semejanza, es un ser frágil, pero no por eso es un ser precario y débil. Por el contrario, Dios mismo lo ha hecho un ser capaz de buscar su propia felicidad y de hacerlo con sus semejantes. Por ello no sólo es titular de derechos, sino también de deberes. «En realidad, es el deber el que establece el ámbito dentro del cual los derechos tienen que regularse para no transformarse en el ejercicio de una arbitrariedad.»[38]
69. No podemos pasar por alto que en el transcurrir de la historia surgen situaciones nuevas y se intenta conectarlas a nuevos derechos. El discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir el bien del mal, se hace más esencial en el contexto de exigencias que conciernen a la vida misma y al comportamiento de las personas, de las comunidades y de los pueblos. Al afrontar el tema de los derechos, puesto que en él están implicadas situaciones importantes y realidades profundas, el discernimiento es al mismo tiempo una virtud indispensable y fructuosa.[39]
Los derechos humanos, tarea de todos, particular responsabilidad del Estado
70. Los derechos de la persona exigen ser tutelados no sólo singularmente sino en su conjunto: una protección parcial de ellos equivaldría a una especie de falta de reconocimiento. Estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales de la personas.
71. La responsabilidad de proteger los derechos humanos y de asegurar condiciones para que todos y todas puedan cumplir con sus respectivos deberes, recae principalmente sobre el Estado. Sin embargo, los derechos humanos han de ser respetados en las relaciones de todos con todos, como expresión de justicia y de fraternidad, y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la buena voluntad de las autoridades.
72. El principio de la responsabilidad de proteger exige del Estado, de quienes lo representan y de todas sus instituciones, la atención a la dignidad innata de cada hombre y mujer. Cuando se está ante nuevos desafíos, es un error retroceder hacia un planteamiento pragmático, limitado a determinar un “terreno común”, minimalista en los contenidos y débil en su efectividad.[40]
73. El respeto de los derechos humanos no comporta únicamente protección en el campo jurídico, sino que debe tener en cuenta todos los aspectos que emergen de la noción de dignidad humana, que es la base de todo derecho.[41] A menudo la legalidad prevalece sobre la justicia, cuando la insistencia sobre los derechos humanos los hace aparecer como resultado exclusivo de medidas legislativas o decisiones normativas tomadas por quienes están en el poder.
74. Cuando se presentan simplemente en términos de legalidad, los derechos corren el riesgo de convertirse en proposiciones frágiles, separadas de la dimensión ética y racional, que es su fundamento y su fin.[42] Es necesario profundizar la dimensión antropológica, ética y jurídica de los derechos humanos, con el fin de asegurar su pleno respeto.[43]
III. HORIZONTES DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
75. Después de lo que hemos reflexionado a propósito del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, queremos ofrecer algunos horizontes de acción para responder al llamado apremiante que el Papa Benedicto XVI ha hecho al Pueblo de Dios «para que todo cristiano se sienta comprometido a ser un trabajador incansable a favor de la paz y un valiente defensor de la dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables.»[44]
76. El servicio que la Iglesia puede ofrecer se inspira en la naturaleza propia de su misión y se concreta de acuerdo a la vocación y ministerio específico de quienes la formamos. Evangelizar significa llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformarla desde dentro y renovarla.[45] La labor de la Iglesia consiste en humanizar los ambientes, poner al ser humano al centro de toda actividad y para ello, al realizar su misión, debe tener en cuenta la interpelación recíproca entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social, del hombre, de manera que podamos proponer el mensaje evangélico, adaptado a las diversas situaciones y constantemente actualizado, sobre los derechos y deberes de toda persona humana.[46]
Misión de los Obispos
77. «Ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él, tengan vida, nos lleva a asumir evangélicamente y desde la perspectiva del Reino las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación de todo el ser humano, y a trabajar junto con los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser humano.»[47] Por ello los primeros en sentirnos interpelados y llamados a un compromiso somos los Obispos.
78. Somos Pastores de la Iglesia que en este momento de la historia se siente particularmente «convocada a ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres” ante “intolerables desigualdades sociales y económicas” que claman al cielo.»[48] Esto nos pide, en absoluta fidelidad a nuestro ministerio y con la creatividad propia de «una nueva imaginación de la caridad»[49], ser profetas de la justicia y de paz, defensores de los derechos inalienables de la persona, predicando la doctrina de la Iglesia, en defensa de la dignidad humana y del derecho a la vida, desde la fecundación hasta su conclusión natural.[50]
79. Ante situaciones de injusticia como las que viven millones de hombres y mujeres de nuestra patria, los obispos, defensores y padres de los pobres, nos preocupamos por la justicia y los derechos humanos y somos mensajeros de esperanza.[51] Queremos asumir la defensa de los débiles y hacernos voz de quienes teniéndola no pueden hacerla oír porque han sido colocados, por su pobreza, al margen de la historia.[52] Como fieles discípulos del Señor, estamos dispuestos a «enseñar que la esperanza cristiana está íntimamente unida al celo por la promoción integral del hombre y la sociedad, como enseña la doctrina social de la Iglesia.»[53]
80. Nuestro servicio a la promoción y defensa de los derechos humanos lo ofrecemos acompañando a nuestras comunidades para fortalecer en ellas «una Pastoral Social, estructurada, orgánica e integral que, con la asistencia, la promoción humana, se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y marginación que viven los grupos más vulnerables, donde la vida esta amenazada.»[54]
La pastoral social y los derechos humanos
81. La pastoral social, acción evangelizadora de la Iglesia, tiene como eje transversal la promoción de los derechos humanos. Todas las expresiones o dimensiones propias de la pastoral social, tanto las que acompañan a grupos o sectores de personas como los migrantes, indígenas, presos, enfermos, trabajadores, como las que promueven valores sociales inspirados en el Evangelio como son la caridad, la justicia y la paz, la solidaridad en la economía y la participación ciudadana, tienen entre sus tareas la promoción humana que consiste en «el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas.»[55]
82. La promoción humana supone el decidido empeño en[56]:
a) Superar las carencias de quienes están privados de lo indispensable para una vida digna; las carencias morales de quienes viven ensimismados en su egoísmo, las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, de la explotación de los trabajadores o de la injusticias en el ámbito financiero. La meta es pasar de la miseria a la posesión de lo necesario, superar la vulnerabilidad de los más pobres en las situaciones de desastre y superar el déficit educativo y cultural.
b) Crecer en la consideración de la dignidad humana de los demás y en la disponibilidad para cooperar en el bien común y la construcción de la paz; reconocer los valores trascendentes y a Dios, que es la fuente de ellos; abrazar la fe, don de Dios acogido por la buena voluntad de los hombres y de las mujeres y la unidad en la caridad de Cristo que nos llama a todos a vivir en la dignidad propia de los hijos de Dios.
83. Sin embargo, es necesario, en el conjunto de los esfuerzos de promover la justicia, la paz y la reconciliación, proponer una pastoral de los derechos humanos, que con todas las características de las acciones propias de la pastoral social[57], haga concreta la amorosa solicitud que la Iglesia tiene por la persona humana, promoviendo su desarrollo integral, particularmente, de los más pobres, marginados y excluidos.
Los objetivos de la pastoral de los derechos humanos[58]
84. La pastoral de los derechos humanos tiene como primer objetivo lograr que la aceptación de los derechos universales en la «letra» lleve a la práctica de su «espíritu», en todas partes y con la mayor eficacia. Este objetivo nos pide esforzarnos porque el respeto de la dignidad humana sea algo espontáneo en todas las personas. Esto lo lograremos haciendo del respeto de los derechos y deberes humanos un referente ético básico para orientar el comportamiento de todas las personas. En esta tarea no podemos actuar solos. Debemos tener en cuenta que los derechos y deberes humanos no son confesionales. Si bien los creyentes encontramos su fundamento en la antropología cristiana, este objetivo de la pastoral de los derechos humanos nos pide profundizar su fundamento antropológico a la luz del derecho natural, de manera que la racionalidad en su comprensión nos permita unir esfuerzos con los hombres y mujeres de buena voluntad que creen en la dignidad de la persona humana.
85. El segundo objetivo de la pastoral de los derechos humanos consiste en plantear los interrogantes esenciales que afectan a la situación del hombre de hoy y de mañana, con objetividad, lealtad y sentido de responsabilidad. Nos hemos referido a los nuevos contextos sociales que llevan al planteamiento de nuevos derechos. Esta situación nos pide, por una parte, el discernimiento que nos permite distinguir el bien del mal[59] y descubrir «las opciones y los compromisos que conviene asumir»[60] y, por otra, el diálogo, «medio a través del cual los diversos sectores de la sociedad pueden articular su propio punto de vista y construir el consenso sobre la verdad en relación a los valores u objetivos particulares.»[61]
86. La educación en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos es el tercer objetivo de la pastoral de los derechos humanos. Implica la creación de una verdadera cultura de los derechos humanos, necesaria para que funcione el Estado democrático de Derecho. Para alcanzar este objetivo tenemos tres tareas: la sensibilización, la formación y la organización. Nuestro instrumento más valioso es la Doctrina Social de la Iglesia, «que argumenta desde la razón y el derecho natural, es decir, a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano.»[62]
87. De manera particular pueden colaborar para alcanzar este objetivo quienes tienen responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones, sobre todo en las escuelas. Es imprescindible su aporte para educarlas en los valores morales y civiles, infundiendo en ellas, desde el ámbito mismo de la comunidad escolar, un destacado sentido de los derechos y deberes de la persona humana. Hay que educar en la justicia para educar a la paz.[63]
88. El cuarto objetivo de la Pastoral de los Derechos Humanos es dedicarse particularmente a la dimensión espiritual y trascendente de la persona, sobre todo en el ambiente actual, en el que se manifiesta la tendencia a reducirla a una sola de sus dimensiones, la dimensión económica, y a considerar el desarrollo casi exclusivamente en términos mercantiles. Este objetivo nos pide promover y defender dos derechos muy importantes: el derecho a la vida y el derecho de libertad religiosa. Por lo que se refiere al primero, los hombres y mujeres que compartimos la fe cristiana creemos en el origen trascendente de la vida y sabemos que la vida es un don que el sujeto no tiene a su entera disposición; por eso defendemos el derecho a la vida en todas sus fases.[64]
89. Por lo que se refiere al segundo, «la afirmación del derecho a la libertad religiosa pone de manifiesto la relación del ser humano con un Principio trascendente, que lo sustrae a la arbitrariedad del hombre mismo.»[65] El derecho a la libertad religiosa no debe confundirse con la libertad de culto, ni tampoco reducirse al ámbito privado de la vida para lo que sería suficiente el derecho a la tolerancia. La religión tampoco puede ser vista sólo como un hecho cultural, que la relega a la sabiduría tradicional, lo que implicaría una visión sincretista. La religión, la libertad y los derechos que se refieren a ella, son una experiencia de vida y un indicador de las aspiraciones más profundas que la persona a través de sus acciones pretende alcanzar.[66]
90. El objeto de este derecho no es el contenido intrínseco de una determinada fe religiosa, sino la inmunidad de toda coacción que garantice que los creyentes, de manera individual y en grupo, en privado y en público, sean libres para vivir de acuerdo a su fe religiosa sin presiones externas de personas, grupos sociales o cualquier otra autoridad.[67]
Algunos desafíos para promover la cultura de los derechos humanos en un mundo globalizado
91. La respuesta al dinamismo negativo de la globalización que somete al hombre a las leyes del mercado y lo confina a la búsqueda de la felicidad en la satisfacción egoísta de algunas de sus necesidades fundamentales, exige la defensa de los derechos humanos integrales.[68] Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ahora, además de la explotación y opresión, avanza el fenómeno de la exclusión social, que afecta de raíz la pertenencia a la sociedad. Los excluidos no son solamente «explotados», sino «sobrantes» y «desechables».[69]
92. En este contexto un evidente deber de justicia es asegurar una «globalización de la solidaridad», que no deje a nadie al margen. La primera exigencia para promover los derechos humanos es la de enfrentar la pobreza que padecen millones de mexicanos y mexicanas. Los compromisos asumidos con los pobres deben respetarse. La frustración causada por la pobreza se va agudizando dramáticamente cuando falta la confianza. El resultado final es el desmoronamiento de toda esperanza. La existencia de confianza en las relaciones humanas, sociales, políticas e internacionales es un capital social de valor fundamental.[70]
93. Esto exige enfrentar el serio desafío que representa la impunidad y corrupción, que socava el desarrollo social y político de los pueblos. Penetra en muchos sectores de la sociedad, se burla de la ley e ignora las normas fundamentales de justicia y de verdad. Es difícil de contrarrestar, pues adopta múltiples formas. El hecho mismo de denunciarla requiere valor. Para erradicarla se necesita además, junto con la voluntad tenaz de las autoridades, la colaboración generosa de todos los ciudadanos, sostenidos por una fuerte conciencia moral”[71].
94. La inseguridad y la violencia piden de nosotros una presencia activa como constructores de la paz. Los cristianos no creemos que con la exacerbación de las penas disminuya la violencia. «Los métodos incruentos de represión y castigo son preferibles, ya que corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y con más conformes con la dignidad humana.»[72] Si padecemos la violencia como un mal endémico, nuestras medidas deben ser preventivas y curativas.
95. La prevención supone prestar especial atención a la familia y a los centros educativos, a la adolescencia y a la juventud, propiciando las condiciones para la satisfacción de necesidades básicas y para el trabajo y educando para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.
96. Las medidas curativas tienen que ver por un lado con el cuidado y atención de las víctimas de la violencia, acompañándoles en el proceso cristiano del perdón para que en ellas no anide el odio y el resentimiento que mueven a la venganza, porque «no hay justicia sin perdón»[73]. Por otro lado, tiene que ver con los victimarios a quienes siempre hay que propiciar la oportunidad de redimirse, tratándoles como seres humanos, sin que eso signifique defenderles de las penas en que incurren por los delitos que han cometido. Necesitamos un sistema penitenciario fundado en la perspectiva de los derechos y deberes humanos.
97. Asumir estos desafíos no es posible sin la participación ciudadana. Esto nos pide impulsar la formación cívica y ética que motiven a las y los mexicanos a no renunciar al derecho-deber de contribuir con su participación al bien común y a asumir la propia responsabilidad en la construcción de una sociedad justa. Debemos apoyar la constitución de sujetos ciudadanos colectivos que participen en la definición de políticas públicas y en el ejercicio del gobierno, pues la justicia social supone condiciones de vida en las que todos puedan ver respetados sus derechos y tener oportunidades para el cumplimiento de sus deberes.[74]
Los fieles laicos, promotores de la dignidad humana.
98. La promoción y defensa de los derechos y deberes humanos son una exigencia para la construcción de un orden justo en la sociedad. Esta tarea es más bien propia de los fieles laicos que, como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. La misión de las y los fieles laicos es, por tanto, configurar rectamente la vida social, respetando su legítima autonomía y cooperando con los otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su propia responsabilidad. La caridad debe animar toda la existencia de los fieles laicos y por tanto, su actividad política, vivida como caridad social.
99. En esta tarea se deben diseñar acciones concretas que tengan incidencia en los Estados, para la aprobación de políticas sociales y económicas que atiendan las variadas necesidades de la población y que conduzcan hacia un desarrollo sostenible.[75] Para ello las y los laicos deben prepararse de manera adecuada en la Doctrina Social de la Iglesia y forjarse en una sólida espiritualidad que les permita perseverar y mantenerse fieles en la lucha que implica la defensa de la dignidad humana. Los Pastores por nuestra parte, los obispos y nuestros colaboradores, los presbíteros y diáconos, hemos de propiciar los espacios y proporcionar los recursos de formación necesarios.
100. La familia es el ambiente privilegiado para la formación humana. Del ejemplo de los padres, depende la fisonomía moral de los hijos: ellos la asimilan del tipo de relaciones que se establecen dentro y fuera del núcleo familiar. La familia es la primera escuela de vida y la huella recibida en ella es decisiva para el futuro desarrollo de la personal.[76] Una tarea importante será entonces la de promover y defender los derechos de la familia[77] y de los niños[78]. El Encuentro Mundial de la Familia, próximo a realizarse en nuestro país, alienta a la familia, precisamente, como formadora de valores humanos y cristianos.
101. Invitamos a los jóvenes, que aspiran a la justicia y a la paz, que mantengan viva la tensión hacia estos ideales y tengan paciencia y tenacidad para perseguirlos en las condiciones concretas en las que viven. Rechacen la tentación de usar vías fáciles o ilegales hacia falsos espejismos de éxito o riqueza; amen lo que es justo y verdadero, aunque mantenerse en esta línea requiera sacrificio y obligue a ir contracorriente.[79]
Los organismos públicos y la sociedad civil
102. Reconocemos y valoramos el esfuerzo de la sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos. Les animamos a no desfallecer en su empeño para que el Estado mexicano cumpla a nivel nacional con las obligaciones contraídas con la comunidad internacional en esta materia, y a promover el respeto en las familias, y entre los ciudadanos, pues la paz social depende de todos. Reconocemos el derecho de todos a participar en las decisiones que les afectan y esperamos que este derecho pronto sea debidamente incorporado a la Constitución y a las leyes. Reprobamos los ataques y agresiones a los promotores y defensores de los derechos humanos.
103. Llamamos a los organismos públicos de protección de los derechos humanos a que cumplan a cabalidad y con autonomía estructural y de gestión su obligación de defender y promover la dignidad humana desde una perspectiva ética.
La tarea del Estado
104. La responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos es ineludible. Una tarea prioritaria la tienen los titulares del poder ejecutivo en los tres niveles de gobierno: a ellos está confiada la tutela suprema del Estado de Derecho. Su misión no es fácil, pero es tarea prioritaria. Las leyes fundamentales y todos los ordenamientos jurídicos que de ellas emanen deben ser para los ciudadanos garantía de justicia y estímulo para un crecimiento constante de la conciencia y responsabilidad civil.[80]
105. Hacemos un llamado a los titulares de gobierno, en los tres niveles, y en los tres poderes, para que en su actuar tengan presente la máxima de que su prioridad es generar las condiciones necesarias para que el ser humano se desarrolle. Les pedimos que escuchen con interés y sin dilación las demandas de personas y grupos que se ven afectados o amenazados por algunas de sus decisiones y no los repriman; por el contrario, generen con prontitud los canales oficiales eficaces para la solución armónica y equitativa de sus problemas.
106. Les pedimos que no tomen decisiones sin la debida consulta con las personas y grupos que de cualquier manera se verán afectados por ellas. Y a quienes sirven en el sistema de seguridad y justicia: policías, ministerios públicos, jueces y magistrados, a que con su actuar sean garantes de la defensa de los derechos humanos, buscando en el fondo la justicia. De igual modo, pedimos a los ciudadanos el debido respeto a las autoridades, evitando insultos y acciones violentas que pongan en peligro la paz pública y la armonía social. No se puede pedir justicia, cometiendo injusticias. No se pueden defender los propios derechos pisoteando los derechos de los demás.
107. Llamamos a los legisladores a que, conscientes de su responsabilidad de escuchar las demandas ciudadanas, no aprueben leyes que comprometan o estén por encima del cumplimiento de los derechos humanos; antes bien, les pedimos que en la aprobación de, leyes, normas y presupuestos, tomen en cuenta la necesidad de promover y proteger los derechos humanos por parte de todas las autoridades.
Compromisos
108. Para asumir el gran reto que supone continuar dando vida al horizonte de esperanza abierto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proponemos a los animadores de la pastoral social en general y de manera particular a quienes se han comprometido en promover la paz, la justicia y la reconciliación, asumir los siguientes compromisos:
a) Formar a nuestros hermanos y hermanas en la fe y sensibilizarles respecto a las grandes cuestiones de la justicia.
b) Dar testimonio promoviendo y respetando los derechos humanos en la vida de la Iglesia, ya que los derechos humanos son una verificación de la vivencia del Evangelio.
c) Asumir, quienes tenemos ministerio pastoral, el compromiso de nuestra vocación como pastores, defensores de los pobres ante las estructuras de injusticia, corrupción, e ineficiencia que atentan contra sus derechos fundamentales.
d) Propiciar el dialogo y espacios de encuentro, entre actores sociales, eclesiales y de distintas confesiones religiosas, con quienes compartimos la misión de defender la dignidad humana.
e) Contribuir con nuestra misión evangelizadora, para que sembrando en la persona el profundo deseo de justicia, sirvamos a la construcción de la paz.
f) Apoyar la participación de la sociedad civil, en la reorientación y consiguiente rehabilitación ética de la política.
g) Ofrecer subsidios para la formación de los laicos en la Doctrina Social de la Iglesia, que les den herramientas para ejercer su compromiso de acuerdo a los tiempos y prioridades de la sociedad y puedan ser así fermento de vida nueva en una sociedad desesperanzada.
h) Formar en la ética cristiana que pone como desafío el logro del bien común, la creación de oportunidades para todos, la lucha contra la corrupción, la vigencia de los derechos humanos.
i) Alentar y colaborar con los esfuerzos de la sociedad civil y del gobierno para vivir una cultura de la legalidad.
j) Proclamar y promover, por todos los medios posibles, la igual dignidad de mujeres y hombres y el derecho de las mujeres a vivir una vida sin miedo, una vida libre de violencia. Valorar al mismo tiempo los esfuerzos institucionales, locales y federales para dar fortaleza a los institutos que protegen y promueven los derechos de las mujeres.
Conclusión
109. Al concluir esta reflexión que con sencillez ofrecemos en la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocemos la labor benemérita de los hombres y mujeres de nuestra patria, que movidos por su fe han trabajado incansablemente en defensa de la dignidad de la persona humana, especialmente de los pobres y marginados. En su testimonio llevado hasta la entrega total, resplandece la dignidad del ser humano.[81]
110. Que Santa María de Guadalupe interceda por nosotros. Que de la misma manera como lo hizo con el Santo Juan Diego, que se consideraba de poca valía para cumplir su encomienda, nos haga entender, que es menester que seamos nosotros mismos, movidos por el amor de Dios y del prójimo, quienes construyamos en nuestra nación, una casa donde la gloria de Dios resplandezca en la vida digna de cada uno de sus hijos y de sus hijas.
México, D.F., 10 de diciembre de 2008
Los Obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social
+ Gustavo Rodríguez Vega
Obispo de Nuevo Laredo
Presidente de la Comisión Episcopal
para la Pastoral Social
+ Domingo Díaz Martínez
Arzobispo de Tulancingo
Responsable de la dimensión
Pastoral Penitenciaria
+ Luis Artemio Flores Calzada
Obispo de Valle de Chalco
Responsable de la dimensión
Pastoral Social-Caritas
+ Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo de San Cristóbal de las Casas
Responsable de la dimensión
Pastoral Indígena
+ Miguel Angel Alba Díaz
Obispo de La Paz
Responsable de la dimensión
Justicia, Paz y Reconciliación
+ Rafael Romo Muñoz
Arzobispo de Tijuana
Responsable de la dimensión
Pastoral de la Movilidad Humana
+ Abelardo Alvarado Alcántara
Obispo auxiliar emérito de México
Responsable de la dimensión
Fe y Política
+ Rafael Martínez Sainz
Obispo auxiliar de Guadalajara
Responsable de la dimensión
Pastoral de la Salud
+ Carlos Garfias Merlos
Obispo de Cd. Netzahualcóyotl
Responsable de la dimensión
Pastoral del Trabajo
Pbro. Armando Flores Navarro
Secretario Ejecutivo de la CEPS
[1] Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (2 de octubre de 1979), No.7.
[2] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2003. No. 3.
[3] Cf. Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, (18 de abril de 2008).
[4] Ibídem.
[5]Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas, (5 de octubre de 1995). No. 3.
[6] Conferencia del Episcopado Mexicano, Carta Pastoral Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, No. 51.
[7] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998, No.2.
[8] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Documento conclusivo, No. 98.
[9] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007. No. 2.
[10] Ibídem.
[11] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Documento conclusivo, No. 408.
[12] Cf. Ibíd., No. 127.
[13] Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, No. 16.
[14] Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, No. 76.
[15] IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Santo Domingo, documento aprobado, No. 165.
[16] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, No. 16.
[17] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, No. 77.
[18] Ibíd. No. 78.
[19] Ibídem.
[20] Cf. Ibídem.
[21] En la argumentación de los siguientes párrafos sintetizamos la enseñanza del Santo Padre. Cf. Benedicto XVI, Carta encíclica Deus Caritas est, No. 28.
[22] Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem, No. 8.
[23] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Documento conclusivo, No. 399.
[24] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998, No.1.
[25] Ibídem.
[26] Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, No. 159.
[27] Cf. Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, No. 31.
[28] Juan XXIII, Carta encíclica Pacem in terris, No. 9.
[29] Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Nº 153.
[30] Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, No. 13.
[31] Cf. Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (18 de abril de 2008).
[32] Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, No. 3.
[33] Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (5 de octubre de 1995), N. 3.
[34] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998, No.2.
[35] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, No. 11.
[36] Ibíd., No 12.
[37] Juan XXIII, Carta encíclica Pacem in terris, No. 259.
[38] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2003, No. 5.
[39] Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (18 de abril de 2008).
[40] Ibídem.
[41] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998, No. 2.
[42] Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (18 de abril de 2008).
[43] Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, No. 154.
[44] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, No. 16.
[45] Cf. Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, No. 18.
[46] Ibíd., No. 29.
[47] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Documento conclusivo, No. 384.
[48] Ibíd., No. 394.
[49] Cf. Juan Pablo II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, No. 50.
[50] Cfr. Congregación para los Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos, Apostolorum succesores, No. 209.
[51] Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Pastores gregis, No. 67.
[52] Cf. Ibídem.
[53] Cf. Ibídem.
[54] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Documento conclusivo, No. 401.
[55] Pablo VI, Carta encíclica Populorum progressio, No. 20.
[56] Cf. Ibíd, No. 21.
[57] Cf. Comisión Episcopal de Pastoral Social, Directorio para la Pastoral Social en México, 2005.
[58] Cf. Juan Pablo II; Discurso al Congreso Mundial sobre la Pastoral de Derechos Humanos, (4 de julio de 1998).
[59] Cf. Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (18 de abril de 2008).
[60] Pablo VI, Carta apostólica Octogesima adveniens, No. 4. Sobre el discernimiento evangélico de la realidad se puede consultar: Comisión Episcopal de Pastoral Social, Directorio para la Pastoral Social en México, Nos. 414-427.
[61] Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (18 de abril de 2008).
[62] Benedicto XVI, Carta encíclica Deus Caritas est, No. 28.
[63] Ibídem.
[64] Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, No. 4.
[65] Ibídem.
[66] Cf. Tarcisio Card. Bertone, Intervención en el acto conmemorativo en el Vaticano del LX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, (10 de diciembre 2008), No. 7.
[67] Cf. Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, No. 2.
[68] Cf. Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, No. 365.
[69] Ibíd., No. 65.
[70] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2003, No. 8.
[71] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998, No. 5.
[72] Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, No. 405.
[73] Juan Pablo II, Exhortación apostólica Pastores gregis, No. 67.
[74] Comisión Episcopal de Pastoral Social, Directorio para la Pastoral Social en México, Nos., 527-528.
[75] Cf. [75] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Documento conclusivo, No. 403.
[76] Ibídem.
[77] Cf. Pontificio Consejo para la Familia, Carta de los derechos de la familia, (22 de octubre de 1983).
[78] Cf. Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los derechos del niño (20 de noviembre de 1989).
[79] Ibídem.
[80] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998, No.7.
[81] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Documento conclusivo, No. 120.
